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– Implica una reducción cercana al 45 por ciento en el reparto de las entidades de gestión a sus socios.
– Favorece a las multinacionales tecnológicas, cadenas hoteleras y compañías telefónicas a costa de perjudicar a los creadores y a los consumidores en general.
– Refrenda el nuevo modelo de copia privada, por el que esta compensación se carga a los ciudadanos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de a los fabricantes de teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos.
– Promueve la destrucción de empleo en el sector cultural. 25.000 puestos de trabajo se han perdido ya a lo largo del último año. Otros 400.000 corren ahora serio peligro.
Resta competitividad a la industria cultural española frente al resto de países communitarios.